La democracia no es plebiscito / Ruelas

Aguascalientes, marzo 24 (2026).-En los últimos años, México ha construido un sistema electoral que, con todas sus imperfecciones, ha merecido reconocimiento nacional e internacional. Su fortaleza no radica en la ausencia de conflictos, sino en algo más valioso: reglas claras, autoridades especializadas y contrapesos institucionales que permiten que el poder cambie de manos de forma pacífica y creíble. Cualquier iniciativa de reforma electoral o de revocación de mandato debe analizarse con especial cuidado. No toda reforma presentada como “democratizadora” fortalece la democracia.

Las iniciativas recientes en materia electoral y de revocación de mandato se justifican bajo banderas atractivas: austeridad, participación ciudadana, eliminación de privilegios y fortalecimiento de la soberanía popular. Sin embargo, el problema no está en los objetivos declarados, sino en los efectos estructurales que producen. En democracia, las intenciones importan menos que los resultados institucionales que dejan.

Uno de los puntos más delicados es la redefinición de la revocación de mandato. Concebida originalmente como un instrumento ciudadano para retirar el poder a un gobernante que incumple, la revocación corre el riesgo de transformarse en un mecanismo plebiscitario de ratificación cuando se permite que la persona titular del Ejecutivo promueva activamente el voto a su favor, entonces la figura deja de ser un control al poder y se convierte en una evaluación organizada desde el poder mismo. No se trata de una discusión menor: en una democracia constitucional, quien gobierna debe someterse al escrutinio ciudadano en condiciones de neutralidad reforzada, no competir desde una posición institucional privilegiada.

La democracia directa no sustituye a los contrapesos. Cuando se usa sin salvaguardas, puede erosionarlos. La experiencia comparada muestra que los plebiscitos impulsados desde el Ejecutivo tienden a concentrar el poder, no a distribuirlo. El riesgo es claro: que la voluntad popular termine mediada por la capacidad de movilización, propaganda y presencia institucional del propio gobierno.

Otro eje preocupante es la tendencia a la recentralización del poder, particularmente en un país federal como México. La imposición de límites presupuestales uniformes a congresos estatales y la fijación constitucional de la integración de los ayuntamientos envían una señal política inequívoca: desconfianza hacia los estados y municipios; que son instancias de gobierno capaces de autorregularse. El federalismo no es un obstáculo administrativo; es una garantía democrática. Distribuir el poder territorialmente es una forma de evitar su concentración excesiva en el centro.

Reducir la autonomía financiera de las legislaturas locales no solo tiene efectos contables. La autonomía presupuestaria es condición de la autonomía política. Sin recursos suficientes, los congresos estatales se debilitan frente a los ejecutivos locales y frente al centro. Lo mismo ocurre con los municipios: uniformar desde la Constitución su integración ignora la diversidad poblacional, territorial, cultural, moral y social del país, y empobrece la representación política local.

La reforma también alcanza a las autoridades electorales. Incorporarlas de manera rígida a un régimen constitucional de austeridad puede parecer una medida popular, pero plantea un dilema serio: la autonomía no es solo jurídica, también es material. Los organismos encargados de organizar elecciones requieren condiciones suficientes para atraer perfiles técnicos, resistir presiones políticas y operar con independencia. Debilitarlos presupuestalmente es una forma indirecta de control.

Más allá de los artículos específicos, hay un mensaje de fondo que preocupa: la idea de que la democracia se fortalece concentrando decisiones en el Ejecutivo federal “en nombre del pueblo”. Esta lógica es peligrosa. La historia constitucional demuestra que la soberanía popular se protege mejor cuando el poder está distribuido, limitado y vigilado, no cuando se concentra, aunque sea con respaldo electoral.

La austeridad, por sí sola, no es una virtud democrática. Puede ser una herramienta legítima si se aplica con criterios técnicos, diferenciados y respetuosos de la autonomía institucional. (El INE es aproximadamente el 0,3% del PEF, es decir, 0.003, tres milésimas de un peso), ¿es digno de una democracia ese costo? Evangelizarla en principio constitucional, sin matices ni salvaguardas, corre el riesgo de convertirse en un instrumento político de control y no unapolítica pública responsable.

México no necesita menos democracia representativa ni menos federalismo; necesita que ambos funcionen mejor. Las reformas que alteran las reglas del juego deben fortalecer la confianza, no erosionarla. Cuando los cambios generan dudas razonables sobre la equidad, la neutralidad y los contrapesos, el costo no es solo jurídico: es político y social.

En una democracia madura, reformar no representadesmontar. Significa corregir sin destruir lo que funciona. El sistema electoral mexicano ha demostrado que puede organizar alternancias, procesar conflictos y dar certidumbre. Cualquier modificación que lo debilite, aunque se vista de participación popular, merece una revisión responsable y crítica.

La pregunta de fondo no es si estas reformas son legales en el papel, sino si son prudentes en sus efectos. Porque en democracia, concentrar poder es fácil; reconstruir la confianza institucional no.